La Reafirmación De Un Sistema Político Ilegitimo Y Excluyente

Elecciones del 9 de Marzo: reafirmación de un sistema político ilegítimo y excluyente

25 Febrero, 2014

Categoría: PCCC

Escrito por Fernando Giraldo, Integrante del Partido Comunista Clandestino Colombiano

Solo entre 2010 y lo que va del 2014 se registran 49 congresistas investigados por paramilitarismo y concierto para delinquir, de los cuales de los cuales el 94% pertenecen al partido conservador, partido liberal, partido de la U, cambio radical y el PIN, es decir, los partidos dominantes en el campo político actual (MOE, 2014).

ELECCIONES DEL 9 DE MARZO: REAFIRMACIÓN DE UN SISTEMA POLÍTICO ILEGÍTIMO Y EXCLUYENTE

Por Fernando Giraldo

Integrante del Partido Comunista Clandestino Colombiano

En universidades y centros de pensamiento neoliberal de los Estados Unidos y de algunos países de Europa se difunden ideas acerca de la democracia y en particular del modelo de democracia liberal como el referente de más alta calidad que pueda tener un sistema político. Dentro de este modelo se establecen como principios o condiciones la soberanía popular, que permita la elecciones justas y trasparentes; la libertad y la igualdad a las minorías, que aseguren sus derechos de participación; y un estado de derecho o imperio de la ley en el que se protejan los derechos de los ciudadanos, así como la autonomía de las ramas del poder.

Como soporte para el desarrollo de este modelo democrático, se establece también la necesidad de un sistema electoral competitivo donde se restringe el uso de los recursos del Estado para beneficio de un partido político y se evita a toda costa el fraude electoral.

En Colombia, la clase política, luego de la Constitución Política de 1991, se ha ufanado y pavoneado a nivel local, regional e internacional de tener uno de los sistemas democráticos más sólidos del continente. A través de medios de comunicación o de las instituciones estatales se difunden ideas de las libertades y garantías que creó la nueva constitución para la participación electoral y política de todos los ciudadanos. Con ello a su vez argumentan que la resistencia y la lucha armada de pueblo organizado en las FARC EP o el ELN han perdido su fundamento, su vigencia y razón de ser ante la apertura democrática y política del país. Sin embargo los hechos políticos recientes asociados a la destitución del Alcalde de Bogotá por parte de la procuraduría (institución creada precisamente por la constitución de 1991), ilustran claramente la fragilidad de dicho modelo “democrático” y las limitaciones que existen aún para un ejercicio político legal, plural y equitativo. 

Pero si el caso del Alcalde de Bogotá no es suficiente, basta con hacer una observación general sobre el próximo evento electoral que se realizara el 9 de marzo para elegir Senado y Cámara de representantes, para evidenciar los vicios y practicas excluyentes de un sistema político que se hace cada más ilegítimo y con ello muy lejos de ser un referente de democracia electoral o liberal.

Con la promesa de ampliar el país político y ajustarlo a las realidades de las regiones, se emprendió un proceso de descentralización administrativa desde comienzos de la década de 1990. Esto incluía darle mayor participación en las decisiones regionales a las gobernaciones y los departamentos, así como a los poderes ejecutivos y legislativos locales. Sin embargo ello se ha traducido en el fortalecimiento de las castas políticas y económicas locales, que aferrados a sus feudos se alían con narcotraficantes, delincuencia y paramilitares para mantener el control político y económico de la región.

Solo entre 2010 y lo que va del 2014 se registran 49 congresistas investigados por paramilitarismo y concierto para delinquir, de los cuales de los cuales el 94% pertenecen al partido conservador, partido liberal, partido de la U, cambio radical y el PIN, es decir, los partidos dominantes en el campo político actual (MOE, 2014). Con ello se evidencia como el proceso de cooptación y control de las instituciones del Estado por el paramilitarismo, el narcotráfico y corrupción se mantiene intacto.

Precisamente este apoyo y el lazo estrecho entre congresistas con mafias, carteles de la droga y grupos paramilitares marcan el devenir de las próximas elecciones legislativas del 9 de marzo. La danza de los millones en las regiones y no un ideario o propuesta política es lo que determina las opciones reales de un candidato para acceder el Congreso de la Republica. En una competencia electoral donde el ganador lo determina el volumen de capital económico está lejos de llamarse una democracia “participativa” y “justa” y mucho menos “equitativa”. Así lo evidencian los costos de una campaña para las próximas elecciones, los cuales no se bajan de 5.000 millones de pesos; o el proselitismo que vienen haciendo desde la cárcel los parapolíticos condenados Hugo Aguilar y Oscar Suarez buscando mantenerse en el poder a través de sus familiares.

No es raro entonces advertir como la mayoría de los colombianos han dejado de creer es estas instituciones del sistema político reconfigurado desde 1991. Los crecientes niveles de ilegitimidad de instituciones como el Congreso de la Republica bien se pueden advertir en los altos porcentajes de abstención electoral (55% para el 2010). La corrupción, el clientelismo y la paramilitarismo han socavado la institucionalidad y un sistema político que niega la participación de las mayorías y las periferias.

Ante dicha situación la calle y la movilización aparecen como el único escenario real de protesta, de ejercicio político y de reinvención del poder. A través de mingas, cabildos y asambleas populares en calles y campos de la Colombia profunda, las comunidades y el pueblo organizado mandatan y legislan a partir de sus necesidades reales, construyendo un nuevo poder que permita la dignificación de las mayorías y la construcción de una Nueva Colombia. Una democracia construía desde abajo, una democracia de carácter popular donde el poder se construye desde los territorios y donde los derechos de las comunidades se tejen con políticas de desarrollo local y de justicia social.

Seguramente los resultados de las elecciones legislativas del próximo 9 de marzo darán como ganadores a los mismos caciques regionales que han mantenido su poder, garantizando la continuidad de un orden político que es ilegal e ilegitimo y que aún está lejos de ser siquiera un referente de democracia electoral. Es por ello que urge la transformación del sistema político colombiano donde se brinde participación activa y equitativa de comunidades y múltiples movimientos sociales y políticos en el juego político institucional. Donde se incorporen nuevas perspectivas de asumir la democracia entendida efectivamente como el poder del pueblo y se trascienda representación electoral. Esta transformación pasa necesariamente por una Asamblea Nacional Constituyente en el que construyan nuevas reglas y criterios de participación política en el marco de un país que pretende avanzar hacia la reconciliación y reconstrucción nacional.

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